Orihuela prohíbe ChatGPT a sus empleados públicos: qué cambia para la IA municipal

El Ayuntamiento de Orihuela ha restringido el uso de ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek y otros asistentes públicos de inteligencia artificial en el trabajo de sus empleados. La medida afecta a la Administración municipal, sus organismos dependientes y las empresas públicas, y pone el foco en los documentos con datos personales, expedientes e información policial.

El caso plantea una cuestión que muchos ayuntamientos deberán resolver: el problema no es utilizar inteligencia artificial, sino hacerlo mediante una IA pública y genérica sin garantías suficientes de seguridad, protección del dato, control del entorno y supervisión humana.

¿Qué ha prohibido exactamente el Ayuntamiento de Orihuela?

La circular municipal prohíbe emplear herramientas públicas como ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek o Microsoft Copilot Chat público cuando el empleado actúa en el ejercicio de sus funciones. La restricción intenta evitar que información sometida a confidencialidad termine almacenada o tratada en plataformas externas controladas por terceros.

Según la noticia publicada por INFORMACIÓN sobre la restricción de IA en Orihuela , el incumplimiento puede producir responsabilidades disciplinarias, administrativas, patrimoniales e incluso penales, dependiendo de la gravedad, la intencionalidad y el daño causado.

No es una prohibición absoluta de toda inteligencia artificial

El Ayuntamiento mantiene usos auxiliares limitados para corregir ortografía y gramática, resumir normativa o documentación pública, elaborar esquemas y borradores conceptuales y apoyar trabajos de formación. También permite Microsoft 365 Copilot Chat cuando se accede con una cuenta corporativa.

La diferencia es importante. Una herramienta autorizada puede apoyar al empleado, pero no adoptar decisiones, emitir informes, ejercer potestades públicas, firmar documentos ni sustituir el criterio técnico o jurídico de la persona competente. Todo resultado debe revisarse, contrastarse y asumirse bajo responsabilidad profesional.

Qué datos no se deben introducir en una IA pública

La circular enumera información especialmente sensible: datos personales, tributarios o del padrón; expedientes administrativos; informes jurídicos y técnicos; documentación de recursos humanos; denuncias e información policial. También quedan fuera capturas de pantalla, fotografías, audios y grabaciones vinculados al trabajo municipal.

Que un documento sea oficial, esté firmado o tenga una parte publicada no significa que pueda subirse íntegramente a una IA. Puede conservar firmas, metadatos, códigos seguros de verificación, anexos no públicos o datos cuya reutilización no está autorizada.

Anonimización y seudonimización: no son lo mismo

La protección del dato empieza antes de escribir el prompt. Dos técnicas aparecen con frecuencia en cualquier proyecto de IA pública, pero tienen efectos jurídicos y operativos distintos.

Anonimizar consiste en transformar la información de forma que una persona ya no pueda ser identificada, ni directa ni indirectamente, utilizando medios razonables. La anonimización debe ser efectiva e irreversible; quitar un nombre no basta si la combinación de domicilio, edad, matrícula, fecha o circunstancias permite reconocer al afectado.

Seudonimizar significa sustituir los identificadores por códigos o referencias y conservar la información que permite revertir el proceso en un entorno separado y protegido. Los datos seudonimizados siguen siendo datos personales y continúan sujetos a las obligaciones de protección de datos.

Ninguna de las dos técnicas convierte automáticamente en seguro el uso de una IA pública. También hay que valorar el proveedor, el almacenamiento, la jurisdicción, los registros, los permisos, la finalidad del tratamiento y la posibilidad de reidentificación a partir del contexto.

Por qué el caso afecta especialmente a la Policía Local

Para una Policía Local, el riesgo aparece al introducir en una plataforma generalista una denuncia, una diligencia, la identidad de una persona, una matrícula, una imagen, un audio o cualquier dato relacionado con una actuación. Incluso un texto aparentemente inocuo puede identificar a alguien cuando contiene lugar, hora y circunstancias muy concretas.

La información policial exige controles reforzados de seguridad, trazabilidad, acceso y confidencialidad. Por eso una cuenta personal de ChatGPT no es intercambiable con una solución profesional desplegada en un entorno autorizado por la Administración.

Un flujo seguro para trabajar con datos y sistemas de IA

Antes de utilizar IA en un caso municipal o policial deberían seguirse, como mínimo, estos pasos:

• definir el propósito y comprobar que el caso de uso está autorizado;
• reducir la información al mínimo imprescindible;
• eliminar identificadores que no sean necesarios;
• anonimizar cuando el objetivo permita trabajar sin identificar a nadie;
• seudonimizar cuando sea necesario mantener una relación controlada con el expediente;
• guardar por separado las claves de reversión y limitar su acceso;
• utilizar únicamente el entorno corporativo aprobado;
• verificar las fuentes, revisar el resultado y documentar la intervención humana.

En funciones policiales, este proceso no debe improvisarse agente por agente. Tiene que formar parte de una política corporativa, con perfiles de acceso, registros, formación y auditorías.

¿Se pueden redactar informes o diligencias con IA?

Con asistentes públicos, la respuesta de Orihuela es clara: no pueden utilizarse para elaborar informes técnicos o jurídicos, propuestas, decretos, actas, pliegos, resoluciones o documentos que formen parte de un expediente administrativo.

Eso no equivale a afirmar que cualquier asistencia documental sea ilegal. Significa que su uso requiere un caso autorizado, una herramienta adecuada, garantías de seguridad y protección de datos, supervisión humana y una delimitación precisa de responsabilidades. La tecnología puede generar o revisar un borrador dentro de un entorno preparado para ello, pero la decisión y la validación siguen correspondiendo al profesional.

ChatGPT público frente a una IA policial especializada

Un asistente generalista está pensado para millones de usuarios y tareas diferentes. Puede ser útil para estudiar un concepto público o mejorar un texto sin datos protegidos, pero no conoce necesariamente los protocolos internos del cuerpo, la normativa local ni las restricciones concretas de cada expediente.

Una IA policial especializada debe trabajar sobre fuentes verificables, separar los entornos de cada organización, controlar el acceso, ofrecer trazabilidad y evitar que la información municipal se reutilice para entrenar modelos. También debe integrarse en la política de seguridad del ayuntamiento y cumplir el Esquema Nacional de Seguridad aplicable.

Cómo se diferencia ChatPol: seguridad y control desde el diseño

ChatPol está concebido para el contexto de la Policía Local y no como un chatbot público de propósito general. Su propuesta se apoya en cuatro pilares:

• ENS categoría Alta: un marco de seguridad adecuado para información que requiere las máximas garantías dentro del sector público;
• protección del dato: tratamiento controlado, separación de entornos y medidas para reducir la exposición de información municipal;
• fuentes normativas verificables: respuestas orientadas al marco jurídico y operativo policial español;
• supervisión humana: la herramienta asiste, pero no sustituye la decisión, la firma ni la responsabilidad profesional del agente.

La anonimización y la seudonimización forman parte de una estrategia más amplia. La seguridad real exige que el dato permanezca bajo control durante todo su ciclo: entrada, tratamiento, respuesta, almacenamiento y auditoría.

Lecciones para otros ayuntamientos

El caso de Orihuela anticipa un debate que llegará a muchas administraciones. Restringir el uso improvisado de herramientas públicas puede ser una respuesta inmediata, pero debe acompañarse de formación y alternativas seguras para evitar usos ocultos.

Un plan municipal razonable debería incluir un inventario de herramientas, clasificación de datos, cuentas corporativas, casos de uso autorizados, formación específica para Policía Local, revisión humana obligatoria y auditorías periódicas de seguridad, privacidad y calidad.

Preguntas frecuentes

¿Orihuela ha prohibido toda la inteligencia artificial?

No. Ha restringido las herramientas públicas y genéricas en el trabajo municipal, mantiene usos auxiliares limitados y permite una solución corporativa bajo determinadas condiciones.

¿Basta con borrar el nombre antes de usar una IA?

No. Otros datos pueden permitir la reidentificación. Deben eliminarse o transformarse todos los elementos que identifiquen directa o indirectamente a una persona y evaluarse el contexto completo.

¿Los datos seudonimizados dejan de ser personales?

No. Si existe una información adicional que permite volver a identificar al afectado, siguen siendo datos personales y deben protegerse como tales.

¿Puede la Policía Local consultar legislación con IA?

Puede utilizar una solución autorizada, con fuentes verificables, controles de seguridad y sin exponer información fuera del entorno permitido. La respuesta siempre debe ser revisada por el agente.

¿Qué aporta el ENS categoría Alta?

Exige medidas reforzadas de seguridad, gestión de riesgos, control de acceso, trazabilidad y continuidad. No elimina la responsabilidad del usuario, pero aporta un marco verificable para el tratamiento seguro de la información pública.

Conclusión: no se trata de IA sí o no, sino de qué IA y bajo qué garantías

Orihuela ha trazado una línea roja frente al uso informal de ChatGPT y otras plataformas públicas. Para la Administración y la Policía Local, la lección es directa: la IA solo aporta valor cuando protege los datos, limita la información utilizada, cita fuentes fiables, mantiene la supervisión humana y funciona dentro de un entorno corporativo autorizado.

Anonimizar o seudonimizar correctamente ayuda a reducir riesgos, pero no sustituye una arquitectura segura. La alternativa a la IA pública no es renunciar a la tecnología: es adoptar una IA especializada, controlada y preparada para las obligaciones reales de la seguridad pública.